FUENTE: DW.
La Policía montó un operativo junto a fuerzas de Gendarmería y Prefectura para dispersar a personas adulto-mayores que marchaban contra el veto de Javier Milei al aumento de pensiones.
Miles de personas jubiladas junto a organizaciones políticas y sociales de Argentina se manifestaron este miércoles (04.09.2024) en las calles de Buenos Aires en contra del veto del presidente, Javier Milei, a una ley aprobada recientemente para regular el aumento de las pensiones, por lo que fueron reprimidas por agentes de las fuerzas de seguridad.
Al igual que en una marcha anterior, los grupos manifestantes protestaron frente al Congreso Nacional con consignas en contra de Milei y para exigir una mejora de las pensiones. En esta ocasión, quienes asistieron pidieron al presidente revertir su decisión de vetar la ley -aprobada por ambas Cámaras del Parlamento – que establecía una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combinaba el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.
Tal como sucedió durante la última protesta, los enfrentamientos comenzaron cuando la Policía -que montó un fuerte operativo junto a fuerzas de Gendarmería y Prefectura- intentó dispersar a los grupos de personas adulto-mayores que intentaron ocupar parte de la Avenida Rivadavia para marchar hacia la Casa Rosada (sede de Gobierno).
Guillermo Francos: aprobación de ley no es «un acto maduro y responsable»
En paralelo, en el interior del Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su informe de gestión semestral ante la Cámara de Diputados. Muchas de las personas presentes en la sesión hicieron referencia a los incidentes que estaban teniendo lugar puertas afuera y exigieron al Gobierno que permitiera el normal desarrollo de la protesta.
Consultado por la decisión del presidente de votar la reforma jubilatoria, Francos defendió que la aprobación de la ley «no constituye un acto maduro y responsable» ya que establece «gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria».
«Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza», agregó el funcionario y sostuvo que el actual Gobierno tiene la voluntad de «garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo», pero «con responsabilidad institucional» y «sin quebrar el equilibrio fiscal».
El gasto en jubilaciones ha sido uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que en marzo pasado decidió actualizar las pensiones por decreto y no mediante la fórmula que regía desde 2021.
En un escenario de severa crisis económica en Argentina y con una de las tasas de inflación más alta del mundo, el 65 % de los 6,5 millones de personas jubiladas del país cobra la pensión mínima, que en agosto fue de 225.454 pesos (unos 230 dólares al tipo de cambio oficial actual), un ingreso que llega a los 295.454 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde hace varios meses por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa 82 % del salario mínimo legal en Argentina, margina a las personas jubiladas. Tras optar por el veto, el Gobierno anunció que ajustará un 4 % las pensiones en septiembre por decreto.
