FUENTE: AFP.
La Corte Suprema de Brasil confirmó el lunes la decisión de uno de sus jueces de suspender la red social X, al alegar incumplimientos judiciales de la plataforma propiedad del multimillonario Elon Musk.
El acceso a X, antiguo Twitter, dejó de estar disponible a través de su sitio web y su aplicación móvil desde la madrugada del sábado, horas después del bloqueo ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Moraes libra un pulso con Musk desde hace meses, que tiene de fondo los límites de la libertad de expresión.
Estas son las claves para entender este tema:
¿Por qué se decidió suspender el servicio?
Brasil no prohibió X de la nada.
El veto a X llega después de los reiterados desacatos del magnate tecnológico a diversas sentencias de ese tribunal, que había ordenado antes suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.
La primera investigó noticias fraudulentas. La segunda investigó a grupos organizados que manipulan el discurso y la participación en plataformas digitales (conocidos como “milícias digitais”). La tercera investigó a individuos y grupos implicados en el ataque contra el Congreso de Brasil en 2023, tras la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones generales de 2022.
Luego, en abril de este año, De Moraes ordenó a Musk que cerrara varias cuentas de extrema derecha que habían difundido información errónea y desinformación sobre la derrota de Bolsonaro en 2022.
No era la primera vez que X recibía una orden de este tipo.
Por ejemplo, en enero de 2023, tras el atentado del Congreso, el Tribunal Supremo de Brasil también ordenó a X y a otras redes que bloquearan algunas cuentas. Musk mostró preocupación por esta decisión, pero su plataforma acabó cumpliendo la orden.
Sin embargo, esta vez Musk se negó y posteriormente destituyó al representante legal de X en Brasil. Se trataba de un hecho significativo, ya que la legislación brasileña exige que las empresas extranjeras tengan representación legal en el país.
